La Alta Dirección Pública y el Dilema del Prisionero

Erik Haindl

Un conocido problema de teoría de juegos se presenta en el llamado "Dilema del Prisionero". Dos cómplices de un delito son encerrados en celdas separadas e incomunicados. A cada uno se le ofrecen beneficios si delata a su cómplice y el otro no colabora. En conjunto, los mayores beneficios se obtienen de una solución colaborativa en que ambos permanecen en silencio. Sin embargo, se puede demostrar matemáticamente que la solución más probable es que ambos se delaten mutuamente y lleguen a una solución no colaborativa en que ambos son perjudicados.
Este problema es de amplia aplicación y es especialmente apropiado si cada persona considera sólo sus propios intereses y tiene un horizonte de planificación de corto plazo. Tan sólo si el juego es repetido, y así es percibido por los jugadores, y el horizonte de planificación se estira, pueden darse soluciones de mutua colaboración. Esto se conoce como el "Teorema Tip-tap-toe".
Esto se ve claramente en el comportamiento de las personas de botar papeles y basura en la calle y lugares públicos, en los cuales la no colaboración conduce a generar un verdadero chiquero público, que termina perjudicando a todos. Sociedades más antiguas, como las europeas, han aprendido por experiencia de esta situación, y ya nadie bota papeles ni basura en la vía pública. Cientos de años de experiencia han permitido lograr una solución colaborativa.
En el caso de Chile, el sistema de Alta Dirección Pública pretendía establecer una especie de "Civil Service", en la cual la capa media de la administración pública fuera elegida por méritos y su desempeño se orientara al servicio del país, sin consideraciones de tipo político. Hay varios países desarrollados que cuentan con este tipo de administración pública, en la que el desempeño técnico y profesional de las capas medias y bajas de la administración pública, permiten mantener funcionando al Estado independiente de los vaivenes políticos. Ejemplos notables son los casos de Italia, Inglaterra y Estados Unidos.
Para que este sistema funcione, es clave que los cambios de gobierno no signifiquen una razia de todos los funcionarios nombrados por el mecanismo de Alta Dirección Pública. Desafortunadamente esto no ha sido así. La instalación del nuevo gobierno ha significado que más de 80% de las personas con cargos de Alta Dirección Pública han sido desvinculadas de sus trabajos y nuevas personas han sido designadas sin concurso.
En una carta a un conocido diario, varios directivos que seleccionan a las personas de Alta Dirección Pública se declaraban sorprendidos de enterarse por los medios de prensa de la destitución de funcionarios nombrados por este mecanismo y la designación de otros que ni siquiera habían presentado sus antecedentes a la comisión. Algunos partidarios del gobierno defendían estas acciones, argumentando que el gobierno anterior había destituido a más de la mitad de los nombrados en Alta Dirección Pública. Esta es la lógica del que bota basura en la calle, porque el resto también está botando basura.
Quizás la sociedad chilena todavía es demasiado joven para llegar a una solución colaborativa, que permita construir un "Civil Service" técnico y profesional. Entretanto pienso que se debería eliminar el sistema de Alta Dirección Pública, ya que en la práctica es una gran hipocresía. No es bueno tener un sistema legal que no se cumple y que implica un alto costo de mantener. Cada persona nombrada por este sistema le significa al país un costo de alrededor de
$ 18 millones y esto se puede multiplicar por los miles de funcionarios nombrados casi exclusivamente por consideraciones políticas.